El Congreso de Hidalgo aseguró que la iniciativa de reforma electoral aún está en revisión y que podrá modificarse antes de su eventual aprobación, con el objetivo de garantizar su solidez jurídica.

La iniciativa de reforma electoral en Hidalgo continuará en análisis y no será aprobada mediante un procedimiento acelerado, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Andrés Velázquez Vázquez.

El legislador explicó que el proyecto permanece en estudio dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se revisan observaciones y propuestas para fortalecer su sustento legal antes de avanzar en el proceso legislativo.

Aún puede sufrir cambios

Velázquez señaló que la propuesta no está definida y que durante su discusión puede ser modificada, enriquecida o incluso ajustarse a otros esquemas planteados por las distintas fuerzas políticas.

Indicó que tampoco existe una fecha establecida para su votación, ya que podría analizarse en el actual periodo ordinario, durante la Diputación Permanente o en el siguiente periodo de sesiones.

Revisan el criterio alfabético

Uno de los puntos que sigue bajo evaluación es el mecanismo que plantea asignar candidaturas por género con base en el orden alfabético de los municipios, debido al impacto jurídico, político y social que podría generar.

El diputado destacó que también se analizan otras alternativas, como la distribución por bloques, con el propósito de construir una reforma que beneficie al estado y no afecte a partidos políticos ni a la ciudadanía.

Buscan fortalecer la participación de las mujeres

El presidente de la Junta de Gobierno rechazó que la iniciativa sea una ocurrencia y aseguró que responde a la necesidad de fortalecer la legislación electoral.

Añadió que durante el análisis se escucharán las opiniones de diversos sectores, especialmente de las mujeres, al considerar que uno de los objetivos centrales de la reforma es impulsar su participación política.

Asimismo, indicó que el Congreso toma como referencia experiencias de otros estados para evitar que las disposiciones puedan ser invalidadas posteriormente por las autoridades electorales.

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