abril de 14, 2024

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo de un juez de control el auto de vinculación a proceso para una persona identificada con iniciales M. V. O., investigado por hechos que la ley sanciona como peculado agravado, en agravio de la administración pública estatal.

El pasado viernes 21 julio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJEH detuvieron mediante orden de aprehensión, ejecutada en el bulevar El Minero, a la altura de la colonia Campo de Tiro, en Pachuca de Soto, al ahora vinculado a proceso, quien en ese momento fue ingresado al Centro de Reinserción Social de dicha ciudad y puesto a disposición de un juez de control.

Al probable responsable, se le imputan hechos ocurridos en enero de 2022, al solicitar a la Secretaría de Finanzas Públicas, en la anterior administración estatal,  autorización de recursos económicos por 18 millones 248 mil 606 pesos, para adquirir 34 mil 358 litros de “crema quirúrgica antiséptica con activo particular programado para detectar, seleccionar y neutralizar todo tipo de virus, bacterias, hongos, esporas y microbacterias”, con la finalidad de atender la contingencia de salud pública por la COVID-19. 

Sin embargo, pese a que existe un contrato y dicho recurso fue pagado a la empresa Remaco Servicios Empresariales S.A. de C.V., la crema objeto del contrato no ingresó al patrimonio del estado, razón que dio origen a la investigación.

En audiencia inicial que se llevó al día siguiente de su aprehensión, el Ministerio Público formuló imputación y solicitó a la autoridad judicial el auto de vinculación a proceso para M.V.O., por el delito antes mencionado, sin embargo, se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para que se resolviera su situación legal.

Este día, durante la continuación de la audiencia inicial, la PGJEH obtuvo del juez de control la vinculación a proceso para el imputado, quien se desempeñó como oficial mayor del Gobierno de Hidalgo, durante la anterior administración estatal.

La autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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